Triunfo legislativo: el oficialismo logró dictamen de mayoría para la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

Tras intensas negociaciones que extendieron el borrador original a 154 artículos, la iniciativa impulsada por el oficialismo reunió 60 firmas de La Libertad Avanza junto al PRO, la UCR y bloques aliados. El proyecto, orientado a endurecer drásticamente las sanciones por la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas y a rediseñar la estrategia de seguridad del país, quedó habilitado para ser debatido en el recinto el próximo jueves 12 de noviembre.

Endurecimiento de penas en el Atlántico Sur y la "Causa Malvinas"

El corazón de la propuesta radica en proteger los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. El despacho aprobado deroga normativas anteriores para imponer un régimen penal sumamente severo frente a la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en el Atlántico Sur: 

• Hidrocarburos: Se fijaron penas de entre 12 y 15 años de prisión para quienes realicen tareas de exploración ilegal de hidrocarburos, escala que asciende de 15 a 20 años de cárcel en caso de extracción efectiva. 

• Sanciones corporativas: Preví multas económicas equivalentes a entre dos y cuatro veces el beneficio obtenido de manera ilícita, junto con la suspensión o caducidad definitiva de habilitaciones comerciales en el territorio continental para las empresas infractoras, sus socios y sus proveedores. 

• Caída de contratos y exenciones: Las firmas sancionadas tendrán prohibido celebrar contratos con el Estado nacional o provincial, perdiendo simultáneamente cualquier tipo de exención impositiva o subsidio vigente. 

Cambios en el Consejo de Seguridad Nacional y concesiones aliadas

Para destrabar el dictamen que se había visto demorado la semana pasada, el oficialismo —con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo— aceptó modificaciones clave requeridas por bloques dialoguistas y contempló reparos del ámbito diplomático de Estados Unidos. 

Entre los principales consensos plasmados en las modificaciones del borrador se destaca la redefinición del Consejo de Seguridad Nacional, un órgano permanente integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete y ministros clave. El texto modificado limitó estrictamente su intervención en asuntos de seguridad interior y circunscribió sus facultades a la protección de infraestructuras críticas ante riesgos externos. Asimismo, a instancias de un pedido del bloque MID, se incorporó la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso (compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores), ante la cual el Poder Ejecutivo deberá informar cualquier medida de emergencia en un lapso de 48 horas. 

Agenda parlamentaria y el impacto en el sector privado

La fecha fijada para llevar el debate al recinto, el 12 de noviembre, es por el momento de carácter provisorio. Las autoridades de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, evalúan el cronograma parlamentario debido a que coincide con la histórica visita oficial del papa León XIV a la Argentina, evento que contempla asuetos y feriados administrativos locales. 

Pese al éxito en comisiones, algunos artículos referidos a las sanciones económicas sobre filiales internacionales que operen indirectamente en Malvinas —sin tener una participación relevante— prometen mantener la tensión en el debate artículo por artículo. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, por su parte, rechazaron el proyecto oficialista y presentaron sus propios dictámenes de minoría.

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