SAN SALVADOR DE JUJUY: EL CONCEJO DELIBERANTE PRORROGÓ POR DOS AÑOS LA EMERGENCIA EN EL TRANSPORTE ENTRE PROTESTAS Y RECLAMOS DE TRANSPARENCIA
El oficialismo avaló el decreto del Ejecutivo municipal argumentando la falta de subsidios nacionales y el atraso en los fondos del combustible. La oposición y los choferes criticaron duramente la medida, denunciando precarización, falta de frecuencias y la ausencia de controles a las empresas prestatarias.
MUNICIPALES
9/3/20262 min read


El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó, durante su 12ª Sesión Ordinaria, la prórroga por el término de dos años de la Emergencia al Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros. El dispositivo legal ratifica el decreto enviado por el Ejecutivo municipal, extendiendo una medida que rige en la capital jujeña desde el año 2023.
La sesión, presidida por la concejal Graciela Carrasco, contó con la previa exposición del secretario de Servicios Públicos municipal, Guillermo Marenco. Desde el oficialismo justificaron la continuidad de la emergencia debido a la compleja crisis económica que atraviesan la provincia y el municipio.
La aprobación del proyecto no estuvo exenta de tensiones. En las inmediaciones del edificio legislativo, un grupo de choferes del sector se manifestó en total rechazo a la extensión de la medida. Los trabajadores denunciaron una profunda falta de transparencia y exigieron que las empresas prestatarias rindan cuentas públicamente sobre los recursos y subsidios que continúan percibiendo.
Máximo Rodríguez, uno de los voceros de los choferes, alertó que tanto los empleados como los usuarios quedan “a la deriva”. Además, expuso una cruda realidad laboral: aseguró que los trabajadores no reciben aumentos salariales desde hace tres años, contrastando fuertemente con los reiterados incrementos que se registran en el precio del boleto abonado por los ciudadanos.
Desde el arco opositor llovieron cuestionamientos al tratamiento del proyecto. El concejal Roberto Díaz criticó que la prórroga no haya tenido la discusión correspondiente en la Comisión de Transporte, ironizando que la emergencia "ya pasó a ser un modelo de gestión" por parte del municipio.
Por su parte, la edil Keila Zequeiros advirtió que se le están otorgando beneficios tributarios a las empresas de transporte sin exigirles contraprestaciones básicas para mejorar la vida de los usuarios. Zequeiros enfatizó el deficiente mantenimiento de las unidades y las serias complicaciones que sufren los estudiantes de los turnos nocturnos —en zonas como la Ciudad de las Artes— debido a la baja frecuencia de los colectivos, lo que obliga a los jóvenes a gastar en remises o aplicaciones de viaje para poder regresar de forma segura a sus hogares.
Como alternativa al conflicto, la oposición, impulsará un proyecto para crear una comisión auditora que tenga el poder de controlar de forma estricta los números de las empresas, las tarifas, los recorridos y el cumplimiento efectivo de las frecuencias. Con la emergencia extendida hasta el año 2028, el debate local quedó abierto sobre los nulos controles a los subsidios públicos y el deteriorado servicio que reciben diariamente miles de jujeños.
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