La justicia de Jujuy cierra el caso del niño electrocutado

En un desenlace que conmueve a la comunidad de San Pedro de Jujuy, la justicia penal provincial ha homologado un acuerdo de juicio abreviado para los cinco imputados por el fallecimiento de un niño electrocutado en la vía pública. La resolución, ratificada por la doctora Alejandra Tolaba, establece una Suspensión de Juicio a Prueba que les permitirá a los acusados evitar una condena de prisión efectiva, a cambio de una significativa reparación económica y el cumplimiento de tareas comunitarias.

El trágico incidente, que derivó en la muerte del menor por una descarga eléctrica, puso en el foco la responsabilidad compartida entre la empresa de Telecom y el gobierno local, la fiscalía de Matías Mora, del Ministerio Público de la Acusación, imputó por Homicidio Culposo a Augusto Nicolás Prediger (Gerente de Operaciones), Mario Jorge Gallardo (Coordinador de Redes) y Santiago Alvarado (Sobreestante de Mantenimiento) por parte de Telecom Argentina S.A. A ellos se les atribuyó una "negligencia crítica al omitir el control, mantenimiento e inspección de las instalaciones de la compañía, las cuales terminaron convirtiéndose en un peligro mortal para los transeúntes".

En cuanto a la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, los imputados fueron Gustavo Javier Jure (Secretario de Infraestructura) y Marcelo Fernando Asmuzi (Director de Alumbrado Público). La acusación en su contra se centró en el "incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al no haber supervisado la peligrosa superposición de cables ni haber garantizado la seguridad mínima en el espacio público bajo su jurisdicción".

El acuerdo alcanzado no solo contempla una indemnización millonaria que se suma a la ya tramitada en el fuero civil, duplicando los montos inicialmente ofrecidos a la familia de la víctima, sino que también impone una carga de servicio comunitario. Durante un año, los cinco imputados deberán prestar servicios en instituciones clave de la zona, como el Hospital Guillermo Páterson y la Casa de la Mujer "María Conti". Estas tareas buscan, de manera simbólica, una devolución a la sociedad tras la falla sistémica que derivó en la trágica pérdida de una vida joven.

Aunque la resolución judicial evita el debate oral y público y los antecedentes penales para los acusados, gracias a la labor de la defensa pública y particular, deja en el ambiente una reflexión sobre la imperiosa necesidad de controles cruzados entre el Estado y las empresas de servicios. El cierre de este doloroso capítulo judicial, que se encamina a su archivo definitivo una vez cumplido el año de tareas comunitarias, subraya la importancia de garantizar la seguridad en la infraestructura urbana para prevenir futuras tragedias.

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