Kicillof respaldó a Tapia y reconoció como domicilio de la AFA un predio cuestionado
El gobierno bonaerense reconoció el domicilio de la AFA en Pilar y desplazó a la IGJ del control, mientras Nación busca designar veedores para revisar los saldos.
NACIONALES
Lucas A. Vilte
2/26/20262 min read


La disputa por el control administrativo y contable de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló a un nuevo nivel tras una serie de decisiones contrapuestas entre el gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires.
La administración de Axel Kicillof formalizó el reconocimiento del domicilio de la AFA en la calle Mercedes 1366, en Pilar, pese a que inspectores de la Inspección General de Justicia (IGJ) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero constataron que en esa dirección no funcionaría ninguna oficina administrativa.
La resolución fue emitida por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) y se conoció pocas horas después de que la IGJ, encabezada por Daniel Vítolo, solicitó la designación de veedores para examinar los estados contables de la entidad. Desde Nación señalaron que la medida no implica una intervención, sino un mecanismo de control ante la supuesta falta de presentación de documentación requerida.
Con la aval del cambio de jurisdicción, la Provincia consolidó la radicación formal de la AFA en su territorio y sostuvo que la IGJ ya no tiene competencia para fiscalizarla. En esa línea se expresó también la propia AFA, que afirmó quedar bajo control exclusivo del organismo bonaerense.
La decisión tiene impacto jurídico y político. Desde el gobierno nacional de Javier Milei argumentan que el eje es la transparencia contable y la necesidad de revisar balances. Desde la Provincia, en cambio, sostienen que se trata de una cuestión de competencia y autonomía jurisdiccional.
El trasfondo excede lo administrativo: la AFA concentra recursos millonarios por derechos televisivos y contratos comerciales, además de un peso simbólico clave en el país. La pulseada se inscribe en la tensa relación política entre Nación y Provincia.
El conflicto permanece abierto. Si la IGJ avanza con la designación de veedores, podría desencadenarse una disputa judicial por competencias. Si no lo hace, el control quedará definitivamente bajo la órbita provincial. Por ahora, el fútbol argentino quedó en el centro de una confrontación institucional de alto voltaje.
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