Jujuy: cuatro presos fueron procesados por hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy fueron procesados con prisión preventiva, acusados de integrar una organización dedicada a cometer estafas y extorsiones mediante la suplantación de identidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

La resolución fue dictada por el juez federal Julián Ercolini y alcanza a los cuatro sospechosos, quienes habrían desarrollado las maniobras desde el Establecimiento Penitenciario N.º 7, ubicado en San Salvador de Jujuy, utilizando teléfonos celulares que mantenían ocultos en sus celdas.

Los imputados están acusados de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad. De acuerdo con el expediente, las maniobras investigadas se habrían extendido entre noviembre de 2024 y octubre de 2025.

La hipótesis judicial sostiene que los acusados utilizaban el nombre y la imagen del titular del máximo tribunal para obtener información sobre personas detenidas y luego contactar a sus familiares con falsas promesas de beneficios judiciales a cambio de transferencias de dinero.

📱 Cómo funcionaba la maniobra desde el Penal N.º 7

Según la investigación, el mecanismo comenzaba con llamados a dependencias policiales, penitenciarias y otras fuerzas de seguridad. Los interlocutores se presentaban como autoridades judiciales y solicitaban datos personales de personas privadas de la libertad, además de los números telefónicos de sus familiares.

Para darle credibilidad al engaño, utilizaban perfiles de WhatsApp con fotografías de Rosatti, imágenes del edificio de Tribunales y referencias a la Corte Suprema.

Con esa información, contactaban a los allegados de los detenidos y les aseguraban que podían gestionar libertades, fianzas o trámites judiciales a cambio de determinadas sumas de dinero.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, uno de los involucrados habría reconocido la modalidad utilizada: “A ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.

La causa también señala que los sospechosos recurrían a billeteras virtuales, cuentas bancarias y diferentes alias para recibir las transferencias. En algunos casos, las exigencias económicas llegaban hasta el millón de pesos.

💸 Prometían liberaciones y premios que no existían

Las maniobras investigadas no se habrían limitado a los familiares de personas detenidas. Según el expediente, los acusados también se presentaban como representantes de empresas privadas y anunciaban premios inexistentes, como vehículos, dinero o electrodomésticos.

En esos casos, las víctimas recibían pedidos de dinero por supuestos gastos administrativos necesarios para acceder a los beneficios prometidos.

Entre los episodios incorporados a la causa figura el de un hombre que transfirió $450.000 luego de recibir llamados en los que le aseguraban que podían gestionar la liberación de su hijastro, alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. El dinero fue enviado a un alias que simulaba estar vinculado con el Poder Judicial.

También se investigan otras dos denuncias relacionadas con falsas promociones. Una persona habría transferido $429.500 por un supuesto vehículo, mientras que otra denunció un perjuicio estimado de entre $9 millones y $10 millones por un falso premio de telefonía satelital.

Estos episodios forman parte de las maniobras que la Justicia busca esclarecer y atribuir a los integrantes de la presunta organización.

🔎 La llamada que despertó las sospechas

La investigación comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibió una llamada de un hombre que aseguró ser Horacio Rosatti.

Durante la comunicación, el interlocutor se presentó como presidente de la Corte Suprema y solicitó información sobre personas detenidas y sus familiares. Para justificar el pedido, afirmó que estaba realizando un relevamiento relacionado con derechos humanos.

La llamada despertó sospechas y los investigadores lograron rastrearla hasta las inmediaciones del Penal N.º 7 de Jujuy.

A partir de ese dato, se realizaron intervenciones telefónicas, cruces de líneas, análisis de movimientos bancarios y procedimientos dentro del establecimiento penitenciario.

📂 Qué encontraron durante los allanamientos

Durante los procedimientos realizados en diciembre de 2024, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM y libros con anotaciones de números telefónicos, cuentas bancarias, alias y posibles destinatarios de transferencias.

Ese material permitió avanzar en la reconstrucción de las maniobras y analizar las posibles conexiones entre las comunicaciones realizadas desde el penal y los movimientos de dinero denunciados por las víctimas.

Uno de los aspectos señalados en la resolución judicial es que las actividades investigadas habrían continuado incluso después de los primeros allanamientos y del secuestro de uno de los teléfonos utilizados.

Para el magistrado, el uso del nombre, la imagen y el cargo institucional del presidente de la Corte Suprema constituye un elemento relevante para evaluar la conducta atribuida a los imputados.

⚖️ Embargo de $5 millones para cada acusado

Además de disponer el procesamiento con prisión preventiva, el juez federal ordenó un embargo de $5 millones sobre los bienes y el dinero de cada uno de los cuatro acusados.

La causa continúa su curso judicial para determinar las responsabilidades individuales, el alcance de las maniobras y la posible participación de otras personas.

Los procesamientos constituyen una decisión dentro del proceso penal y no equivalen a una condena definitiva.

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