Diputados aprobó un nuevo régimen de discapacidad con 237 votos y ahora definirá el Senado

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto para establecer un nuevo régimen de protección para las personas con discapacidad, en reemplazo de la actual Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, alcanzando una mayoría de dos tercios y ahora deberá ser tratada por el Senado.

El resultado fue producto de negociaciones que se extendieron durante varios meses entre el oficialismo, sus aliados y sectores de la oposición. El acuerdo permitió que Unión por la Patria acompañara la propuesta luego de que se incorporaran numerosos cambios reclamados por legisladores y organizaciones vinculadas al colectivo de discapacidad.

El proyecto busca establecer un régimen permanente que brinde previsibilidad a las prestaciones y a las pensiones, en lugar de depender de sucesivas prórrogas de la emergencia. Sin embargo, el texto también incluye mecanismos de auditoría y control sobre los beneficios.

🏛️ Qué bloques acompañaron el proyecto

Además de La Libertad Avanza y Unión por la Patria, votaron a favor el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales.

La principal excepción fueron diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria, quienes rechazaron la iniciativa al considerar que las organizaciones de personas con discapacidad no habían participado suficientemente en su elaboración.

“Es una ley que se discutió sin los verdaderos protagonistas”, cuestionó la diputada Gabriela Estévez.

Por su parte, la izquierda se abstuvo y planteó objeciones por la falta de actualización de las deudas que el Estado mantiene con los prestadores.

La mayoría especial alcanzada en Diputados representa un respaldo político significativo para la propuesta. No obstante, el proyecto todavía debe atravesar el tratamiento del Senado para convertirse en ley.

♿ Pensiones, actualización y cobertura: los puntos centrales

Uno de los principales aspectos del texto consensuado es la continuidad del sistema de pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio, según lo establecido en la iniciativa.

La propuesta también conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio y contempla mecanismos de actualización vinculados a la inflación para evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo.

Entre los puntos centrales se encuentran:

• Pensiones no contributivas: se mantiene el sistema de beneficios por discapacidad.

• Actualización de los montos: se incorpora un mecanismo para preservar el poder adquisitivo.

• Nomenclador universal: se sostiene un esquema común para las prestaciones básicas.

• Arancel unificado: se busca evitar que los valores dependan de criterios diferentes entre obras sociales, prepagas y provincias.

• Compatibilidad con el trabajo formal: las personas podrán conservar la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en determinados regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Este último punto fue uno de los aspectos reclamados por los bloques aliados durante las negociaciones. La intención es que acceder a un empleo formal no implique automáticamente perder la pensión.

🏥 Qué establece sobre la cobertura de salud

Durante las horas previas a la votación, distintos sectores de la oposición reclamaron garantías adicionales para las personas beneficiarias de pensiones por invalidez laboral y por discapacidad.

Entre los cambios incorporados figura el acceso a un programa de salud que contemple las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud.

También se detallaron partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y se contemplaron compensaciones del Tesoro en caso de que esos recursos resulten insuficientes.

Además, el proyecto establece que el Estado deberá procurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

🔍 Auditorías y controles para mantener los beneficios

El nuevo régimen también contempla mecanismos de fiscalización más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías periódicas mediante el cruce de información con organismos como Anses, Arca, Renaper y el SINTyS.

Estos controles buscarán verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder y mantener las pensiones. La iniciativa contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio ante un incumplimiento objetivo.

Sin embargo, establece garantías de procedimiento, como la notificación a la persona involucrada, el derecho a defenderse y mecanismos para la rehabilitación provisoria del beneficio cuando corresponda.

La discusión sobre los controles había cobrado relevancia después de que el Gobierno incorporara al proyecto de Presupuesto 2027 cambios que modificaban las condiciones de acceso a las pensiones.

💰 Qué pasará con las deudas a los prestadores

Otro de los puntos incluidos en el texto está relacionado con las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad.

La iniciativa establece que, si al momento de sancionarse la ley existen pagos pendientes, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos en un plazo de 90 días.

Este aspecto fue uno de los reclamos que atravesaron las negociaciones, en un contexto de preocupación por el financiamiento de las prestaciones y la situación de las instituciones que brindan atención.

Pese a los cambios incorporados, la izquierda mantuvo sus objeciones y se abstuvo al considerar insuficiente la respuesta sobre la actualización de las deudas.

⚖️ Cómo se llegó al acuerdo entre el oficialismo y la oposición

Las negociaciones comenzaron hace casi dos meses, luego de que organizaciones de personas con discapacidad reclamaran la prórroga de la emergencia aprobada el año anterior.

La oposición había avanzado con el objetivo de llevar esa propuesta al recinto, pero el Gobierno impulsó una alternativa que buscaba reemplazar la emergencia por un régimen permanente. La discusión se complicó cuando el proyecto de Presupuesto 2027 incluyó modificaciones que generaron fuertes cuestionamientos.

Entre ellas figuraban cambios en los criterios para acceder a las pensiones, la eliminación del CUD como vía directa para obtener el beneficio, la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal y la derogación del arancel único para las prestaciones.

Ante las críticas, el oficialismo se comprometió a dejar de lado esos recortes y abrió una nueva instancia de negociación con sus aliados y sectores opositores.

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad fue uno de los principales interlocutores, junto con Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz. Por el oficialismo, participaron Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.

Durante el debate, Herrera Ahuad reclamó un compromiso explícito para eliminar las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027. A su turno, el diputado libertario Gerardo Huesen anticipó que aceptarían las sugerencias presentadas.

🗣️ Qué dijeron los diputados tras la votación

Juan Marino, de Unión por la Patria, reconoció que la oposición no contaba con los votos necesarios para imponer una prórroga de la emergencia y explicó que el diálogo con las organizaciones permitió avanzar hacia una propuesta que evitara retrocesos en los derechos existentes.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz destacó que se incorporaron garantías de cobertura de salud, protección de asignaciones familiares, compatibilidad con el empleo formal y mayores resguardos para evitar bajas arbitrarias.

Desde el oficialismo, Laura Rodríguez Machado defendió el acuerdo y sostuvo que la sensibilidad social no es incompatible con la responsabilidad fiscal. También cuestionó a los legisladores que criticaron el proceso de elaboración del proyecto.

La discusión dejó posiciones enfrentadas, pero el consenso alcanzado permitió reunir una mayoría amplia en la Cámara baja.

📌 Qué falta para que entre en vigencia

Con la aprobación de Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde deberá obtener el respaldo necesario para convertirse en ley.

Si recibe la sanción definitiva, el nuevo régimen reemplazará el esquema de emergencia por una estructura permanente de pensiones y prestaciones, con reglas de actualización, cobertura y fiscalización.

El resultado de la votación marcó un cambio en la estrategia legislativa del Gobierno: en lugar de avanzar con los recortes que habían generado rechazo, el oficialismo aceptó modificaciones para alcanzar un acuerdo amplio. Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara alta.

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